Tamia Villavicencio, hija del excandidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, denunció hoy el rol del periodista Andersson Boscán como “caja de resonancia del crimen organizado” en la investigación del magnicidio ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

Las declaraciones surgen en medio de ausencias reiteradas de abogados de José Serrano, implicado en el caso, que buscan “torcer la justicia y ganar tiempo”, según Tamia.  El abogado de las hermanas Villavicencio , Patricio Rosero, advirtió que estas maniobras imponen “una narrativa falsa” para bloquear testimonios clave. El proceso, que avanza con pruebas de nexos criminales, enfrenta plazos ajustados de diez días para consolidar evidencias.

Por el asesinato de Villavicencio, la Fiscalía abrió la instrucción fiscal identificando conexiones con la banda Los Lobos y el narcotraficante Leandro Norero, En octubre de 2025, un tribunal condenó a cinco miembros de esta estructura a penas de hasta 34 años por ordenar el crimen.

Recientemente, testigos protegidos han declarado sobre financiamientos y roles estructurales, incluyendo indicios sobre alias Pipo. 

Dilaciones en testimonios generan multas 

Tamia Villavicencio cuestionó directamente a Boscán por admitir conversaciones con Norero, quien al referirse a su padre como “ese que no se calla” recibió la respuesta: “Él no se calla, hermano”. La hija calificó esta interacción como “echar gasolina donde habrá un incendio”.

Además, acusó al comunicador de desinformar al público al publicar erróneamente el nombre de un testigo protegido y confundir montos de testimonios documentados en el expediente. “Ni siquiera ha leído el proceso”, afirmó Villavicencio, añadiendo que tales publicaciones han provocado ataques contra las víctimas.

Por otro lado, las hijas de Villavicencio informaron sobre los obstáculos en la diligencia de testimonio anticipado de un testigo protegido que señala directamente a José Serrano, procesado en Estados Unidos por colaboración en el caso.

Esta es la segunda ausencia injustificada del equipo legal de Serrano, lo que llevó a la jueza a imponer multas equivalentes a tres salarios básicos unificados. Tamia explicó que estas tácticas dilatorias pretenden frenar un proceso con solo diez días restantes para recabar más pruebas, pese a múltiples testimonios que conectan implicados con financiamientos y nexos en el asesinato.

Abogado de víctimas exige intervención para garantizar pruebas

Patricio Rosero, representante legal de Tamia y Amanda Villavicencio, denunció que los procesados y sus defensas intentan “sembrar versiones erróneas” para desviar la atención. Señaló que abogados de distintos implicados se “respalden entre sí” sin asistir a versiones previas, evidenciando una coordinación para bloquear evidencias clave.

Rosero recordó que el 24 de noviembre está fijada una nueva fecha para la diligencia, y de repetirse la ausencia, la Defensoría Pública intervendrá para incorporar la prueba al juicio.

Además, destacó que los testimonios recabados ya revelan conexiones entre varios acusados, incluyendo el rol de alias Pipo en la estructura criminal responsable del magnicidio. (39)